Los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y del Ejército Nacional de Colombia siguieron reprimiendo las protestas en la noche del jueves en Bogotá, capital, y en la ciudad de Cali, donde una persona fue asesinada por un disparo de arma de alto calibre. La dura represión policial también dejó decenas de heridos.
Varios ciudadanos denuncian que el Gobierno de Iván Duque está dando un tratamiento de guerra a las movilizaciones pacíficas.
Un grupo de expertos de la CIDH se reunió con las autoridades colombianas y pidió que frenen “inmediatamente” la violencia policial en las protestas. Este ente pro derechos humanos dice que ha recibido la información, que considera “muy importante” para el trabajo de monitoreo, mientras escucha las denuncias de los ciudadanos.
La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, por su parte, defendió que el Gobierno tiene la obligación de proteger a los ciudadanos y la democracia. Mientras tanto, la represión y los disparos arbitrarios de los uniformados matan a ciudadanos desarmados. Diversas oenegés confirman más de 70 asesinatos y más de 3 mil casos de violencia desde el inicio de las protestas, el 28 de abril.
El alto nivel de violencia Policial suscitó también la condena de otras oenegés, como Human Rights Watch (HRW). Este ente internacional denunció los “gravísimos abusos” cometidos por miembros de la Policía nacional de Colombia contra los manifestantes. La ONG criticó que sea el único país de América Latina cuyo cuerpo policial es controlado por el Ministerio de Defensa.
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