Zoraya Gutiérrez, la presidenta de dicho colectivo, en una entrevista con la local RCN Radio, publicada el miércoles, informó que, en lo que va de año, al menos 77 dirigentes sociales han sido asesinados, de los cuales, 22 casos han ocurrido desde el siete de agosto, cuando Duque asumió el cargo de presidente de Colombia. Además, se han registrado 272 amenazas de muerte.
“Otras cifras de otras organizaciones dan cuenta que desde la firma del acuerdo de paz –entre el Gobierno colombiano y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– se habrían presentado más de 323 asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos”, manifestó Gutiérrez.
Según explicó la abogada, el 80 % de estos homicidios está vinculado a integrantes de organizaciones campesinas, si bien el 13 % corresponde a líderes que exigieron al Gobierno colombiano el cumplimiento del punto cuatro del acuerdo de paz.
Asimismo, Gutiérrez indicó que los homicidios también están relacionados con los reclamos de tierras y recursos naturales que se desprenden de las actividades campesinas y de algunas etnias establecidas en el país suramericano.
Otras cifras de otras organizaciones dan cuenta que desde la firma del acuerdo de paz (en Colombia) se habrían presentado más de 323 asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos”, manifestó la presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Zoraya Gutiérrez.
El pasado mes de junio, el representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Colombia, Alberto Brunori, calificó la situación de los líderes sociales en este país de ‘muy grave’ tras varios asesinatos.
“Colombia es uno de los países en los cuales hay altos niveles de asesinatos, agresiones y amenazas contra defensores de derechos humanos”, declaró el representante.
Según las Naciones Unidas, los orígenes de estos actos violentos son: “Uno, el sicariato. Dos, que ocurren en áreas de economía ilícita y contra líderes que están en favor de la política de sustitución de cultivos ilícitos. Y, en tercer lugar, la pobreza”.
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