“La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia hace un llamado a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas”, ha señalado este martes la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un comunicado.
Es hora, añade el texto, de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz sobre la rendición de cuentas de las personas que se sometan a la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Con esta petición, la ONU busca llevar ante la justicia a los autores de la violencia perpetrada durante medio siglo en el conflicto armado entre la exguerrilla y el Gobierno central.
Aunque a mediados de marzo, la JEP comenzó sus actividades al respecto, aun falta que el Congreso, en el que el oficialismo ha perdido la mayoría, apruebe las reglas de procedimiento que otorguen “seguridad jurídica” a las decisiones de los magistrados.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia hace un llamado a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas”, dice la ONU en un comunicado.
Para este miércoles está prevista la plenaria del Senado donde se podría votar dicho reglamento, después de que el Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, convocara a sesiones urgentes para que el Congreso apruebe esta iniciativa antes de que tome posesión la Administración de Iván Duque el próximo 7 de agosto.
No obstante, la bancada del mandatario electo, el derechista Iván Duque, y otros sectores que se oponen al sistema de justicia han expresado su desacuerdo a la reglamentación por razones jurídicas, desestimadas por la Corte Constitucional.
A finales de 2016, el partido político colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y el Gobierno colombiano suscribieron un pacto que dio origen a la JEP: esta prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.
El conflicto armado de Colombia dejó en medio siglo ocho millones de víctimas entre desaparecidos, desplazados y muertos.
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