Conforme ha revelado la revista local Veja, desde que asumió su mandato presidencial, el 1 de enero, Lula ha emprendido una lucha contra la corrupción que ha derivado en el despido de 103 funcionarios públicos.
Además, el mandatario izquierdista ha establecido la Secretaría de Integridad Privada, dependiente de la Contraloría General de la Unión (CGU), para fomentar buenas prácticas en el sector público, aunque todavía queda un número considerable de personas esperando a enfrentar las consecuencias de sus actos, afirma el medio brasileño.
La CGU es responsable del control interno del gobierno federal. Sus atribuciones incluyen la defensa del patrimonio público, la prevención y el combate a la corrupción, así como el mejoramiento de la transparencia en la gestión.
Durante su campaña electoral, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) prometió seguir la lucha contra la corrupción y acusó al entonces presidente Jair Bolsonaro de evitar que se investigue a personas de su entorno sospechosas de corrupción.
El Gobierno de Bolsonaro e incluso su familia enfrentó numerosos casos de corrupción y denuncias de tráfico ilegal de vacunas y desvío de fondos públicos en el Ministerio de Salud.
El Instituto Datafolha reveló en su día que el 69 % de los brasileños considera que había corrupción durante el mandato de Bolsonaro (2019-2022).
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