“Hemos visto que el Gobierno ecuatoriano ha prestado gases lacrimógenos al pueblo boliviano, al gobierno de la señora Jeanine Áñez”, aseguró el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, a los medios.
Del Castillo dijo que, conforme información extraoficial, el Gobierno ecuatoriano, presidido entonces por Lenín Moreno, también habían proporcionado el año 2019 municiones de alto calibre a la administración de facto de Áñez. “Estamos hablando de municiones de guerra, que seguramente las investigaciones nos determinarán si han sido adquiridas de forma regular”, indicó.
De acuerdo con el ministro, esta pesquisa intenta determinar cuáles eran los fines de las municiones y si el expresidente ecuatoriano tenía normativa para avalar el préstamo.
“Tenemos entendido que gran parte de los gases lacrimógenos eran en calidad de préstamo. Veremos si la normativa legal de Ecuador permitía que Lenin Moreno saque armamento de guerra para destinarlos a otros países”, agregó.
Al respecto, la semana pasada, se han encontrado algunas informaciones, las cuales muestran que el exministro de gobierno boliviano Arturo Murillo, durante el mandato de Áñez, presionó el préstamo de gases lacrimógenos procedentes de Ecuador, a través del Ministerio de Defensa, bajo el pretexto de proporcionar recursos antimotines a la Policía de Bolivia. Según el Gobierno de Bolivia, la compra de dichos materiales tuvo un coste de 5,6 millones de dólares, aunque el precio real sería 3,3 millones.
La investigación que realiza el Gobierno del presidente boliviano, Luis Arce, es parte del caso de corrupción sobre la compra con sobreprecio en relación a la compra de material no letal como gases, estopines y balines de goma, y en el que el principal involucrado es el exministro Murillo.
La Policía de Bolivia detuvo el pasado 13 de marzo a Áñez y a cuatro de sus colaboradores, entre ellos Murillo, luego de que la Fiscalía de Bolivia solicitara la detención con el fin de responder por delitos de sedición, terrorismo y cargos vinculados con el golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales.
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