La justicia de Bolivia promulgó el domingo cuatro meses de cárcel preventiva para la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, su exministro de Energía, Rodrigo Guzmán, y su exministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, por la comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo durante la crisis política que condujo al golpe de Estado en noviembre de 2019 contra el Gobierno del exmandatario Evo Morales.
El Ministerio Público, sin embargo, solicitó en la misma jornada, mediante un comunicado, la ampliación por seis meses de la sentencia de cárcel preventiva contra estas tres personas, advirtiendo sobre la posibilidad de “peligro de fuga y obstaculización”.
“De acuerdo al proceso aperturado y los elementos de convicción colectados en la investigación preliminar y la etapa preparatoria, se tiene que existen suficientes indicios que permite al Ministerio Público tomar convicción de la existencia de hecho delictivo y la probable participación del imputado, por lo que el Ministerio Público en representación de la sociedad conforme a los Arts. 301 Inc 1) y 302 del Código de Procedimiento Penal, Art.40 de la L.O.M.P., por los que encontrándose en calidad de aprehendidos los imputados y ante su declaración informativa policial ampliatoria presentamos ampliación de imputación formal”, informa la Fiscalía en un documento enviado al juez de turno de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz, capital boliviana.
Los argumentos
La ampliación de la imputación contra las tres exautoridades de facto se concreta en el marco del proceso investigativo del caso presentado por Lidia Patty Mullisaca, exlegisladora del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), quien denuncia los delitos presuntamente cometidos. Además, la Fiscalía toma en cuenta una declaración informativa de Ana Teresa Morales Olivera en calidad de testigo.
La denunciante involucra a los ciudadanos Arturo Carlos Murillo Prijic, Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Jorge Pastro Mendieta Ferrufino, Jorge Elmer Fernández Torranzo, Yerko Núñez Negrete y Luis Fernando López Julio.
Según el Ministerio Público, hay indicios de que los denunciados están involucrados en actos sediciosos y conspirativos en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz como consecuencia de las elecciones presidenciales de 2019 y la demora de la publicación de los resultados por parte del Órgano Electoral Plurinacional.
El Ministerio Público responsabiliza al dirigente opositor Luis Fernando Camacho Vaca por los hechos ilegales como la quema de instalaciones de distintos tribunales electorales departamentales, destrucción de actas electorales, así como de distintas presiones que evitaron la continuación del conteo oficial de votos hace dos años en complicidad de José Luis Camacho Parada, Sergio Carlos Orellana Centellas, Flavio Gustavo Arce, San Martín, Bladimir Yuri Calderón Mariscal y Williams Carlos Kalimán Romero, acciones que provocaron el golpe de Estado.
“Estos hechos sediciosos y conspirativos, que fueron concatenados y ordenados impidiendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúna y que sus directivas camarales actúen normalmente, más por el contrario, las personas hoy denunciadas comenzaron persecuciones y efectuaron una serie sistemática de amedrentamientos para que autoridades electas constitucionalmente se vean forzadas a renunciar”, se lee en la nota.
Denuncia que dichos actos ilegales y contrarias al orden constitucional, apoyados por las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana tuvieron como objetivo hacer que Áñez asuma el poder de manera ilegal e ilegítima.
Peligro de fuga y obstaculización
En el caso de Áñez, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, quienes se encuentran aprehendidos en La Paz, el Ministerio Público solicita la detención preventiva. Presume, en base a indicios, peligros de obstaculización a las investigaciones y de fuga.
También, argumenta que cuando se ejecutó el orden de aprehensión contra Áñez, la expresidenta de facto no se encontraba en su vivienda, por lo que toma como evidencia que no cuenta con un domicilio habitual. “La imputada Jeanine Áñez Chavez se encontraba realizando actos preparatorios de fuga”, advierte.
Hace mención a que el certificado e informe de flujo migratorio de las tres exautoridades de facto registra salidas al exterior y cita los países de Perú, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Panamá, Paraguay y España, por lo que pide que se mantengan en prisión preventiva para evitar fugas.
El lunes, el Ministerio de Justicia de Bolivia pidió 30 años de prisión para Áñez, responsabilizándola de la sangrienta represión de los partidarios de Morales tras el golpe de Estado.
“Lo que buscamos no es una detención de cuatro meses, nosotros lo que estamos buscando es una condena de 30 años, porque acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padres, madres que han quedado sin hijos”, indicó el ministro de Justicia y Transparencia de Bolivia, Iván Lima, en declaraciones al canal de televisión estatal.
Durante el mandato de Áñez, la Policía reprimió fuertemente con armas y agentes químicos las protestas contra el gobierno de facto. La represión policial y militar dejó unas 36 víctimas fatales, más de 800 heridos y 1500 detenidos.
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