“Quiero presentar mi renuncia como embajadora, porque no estoy de acuerdo con la actual política de Relaciones Exteriores”, se lee en una carta enviada por Castro al Gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, según ha recogido este miércoles el diario local La Nación.
Anteriormente, en un mensaje difundido en su cuenta en la red social Twitter, Castro había denunciado el “lamentable giro” en la política exterior de Argentina tras el apoyo de Fernández a una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDHNU) —promovida por el Grupo de Lima— para investigar supuestas violaciones en Venezuela.
Al respecto, la ahora exdiplomática argentina —quien sirvió también como embajadora de Argentina en Venezuela entre 2006 y 2011 —arremetió contra el Ejecutivo de Fernández por tomar una postura similar a la de los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, de Colombia, Iván Duque, de Perú, Martín Vizcarra, y de Chile, Sebastián Piñera, “en cuyos países se violan flagrantemente los derechos humanos”.
“Un lamentable giro en nuestra política exterior”, reprobó, antes de expresar su esperanza de que Argentina no vote, en Ginebra (Suiza), dicha resolución del Grupo de Lima, creado por EE.UU. “con el propósito explícito de desintegrar nuestro bloque regional e intervenir en Venezuela”.
Tras insistir en que Argentina debería votar con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no con Bolsonaro ni Piñera, Castro recordó que el Grupo de Lima fue creado durante la restauración neoliberal por un grupo de gobiernos de extrema derecha, alentados y financiados por Washington.
Por su parte, el Gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, ha rechazado la “trayectoria injerencista” de ciertos países, liderados por EE.UU., en su contra, con la manipulación del tema de los derechos humanos.
De hecho, Caracas asevera que Washington y sus aliados son los verdaderos violadores de los derechos humanos y autores de crímenes de lesa humanidad contra la nación venezolana, al imponer crueles sanciones contra el país bolivariano.
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