El Tribunal Oral Federal 8 resolvió el lunes anular la orden de prisión contra Cristina Fernández por la rúbrica en 2013 de un memorando de entendimiento con Irán para poner en marcha una indagación conjunta del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.
La causa contra CFK nació tras una denuncia en enero de 2015 del fiscal Alberto Nisman, quien señalaba encubrimiento para los sospechosos del atentado —del que acusan a Irán— contra una mutual judía en Buenos Aires, donde murieron 85 personas.
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A pesar de que el magistrado federal Claudio Bonadio dictaminó en 2017 la detención de la actual vicepresidenta al acusarla de traición a la patria y encubrimiento, esta medida nunca se realizó debido a la condición de senadora de CFK.
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Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 8 ahora indica que no existen elementos para hacer pensar en entorpecimiento de la investigación por parte de Cristina Fernández de Kirchner.
“No existen motivos fundados en la actualidad para sostener la presunción de fuga o entorpecimiento aludida, a la vez que resulta ineludible tener en vista la circunstancia extraordinaria de que la aquí imputada ha sido recientemente investida como Vicepresidenta de la Nación”, aseveraron los magistrados López Iñiguez y José Michilini.
El Gobierno de Irán siempre ha denunciado las presiones de los lobbies pro israelíes en el caso de AMIA, al tiempo que desmiente las “acusaciones infundadas” en su contra. Teherán señala que estas acusaciones son una herramienta para tapar la identidad de los verdaderos autores del atentado.
Según medios, los procesos judiciales en torno al caso AMIA han sido influenciados por injerencias externas, sobre todo desde EE.UU. e Israel.
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