Además de la disolución de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), ese proyecto pide poner límites a las actividades de ese organismo y establecer un mecanismo transparente de los fondos reservados.
Después de un debate de unas seis horas, los diputados argentinos convirtieron en ley, ese proyecto presentado por el Gobierno de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, con 131 votos a favor y 71 en contra.
Además de la disolución de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), ese proyecto pide poner límites a las actividades de ese organismo y establecer un mecanismo transparente de los fondos reservados, además, la Procuración General tendrá la función de realizar escuchas telefónicas solo a pedido de un juez, que era una tarea que realizaba la ex SIDE.
La diputada Diana Conti explicó que esa iniciativa busca poner fin a las alianzas secretas e ilícitas entre agentes de inteligencia y algunos miembros del Poder Judicial.
“El traspaso de la Dirección de Observaciones Judiciales a la Procuración General, ésta va a quedar subordinada totalmente al poder político y, eventualmente, al Poder Judicial”, añadió.
En el mismo contexto, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aplaudió la sanción de esa nueva ley y opinó que eso allanará el camino para controlar y supervisar los recursos, además de generar condiciones “para que un órgano intrapoder tenga a su cargo escuchas telefónicas (utilizadas) en investigaciones judiciales”.
A finales del pasado enero, Fernández anunció la disolución de la Inteligencia del país por el escándalo del fallecido Fiscal Alberto Nisman, quien estaba a cargo de la causa de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Argentina, e informó que presentará un proyecto de ley para formar una nueva agencia.
Sobre Nisman pesaban acusaciones de que mantenía estrechos vínculos con los servicios y funcionarios norteamericanos; documentos publicados en 2010 por Wikileaks desvelan sus contactos con personal de la embajada de EE.UU. en Buenos Aires, capital argentina.
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