El Ministerio venezolano de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que el diplomático peruano dispondrá de cinco días para abandonar el país.
La medida fue adoptada después de que Perú expulsara, la misma jornada, al embajador venezolano en la nación andina, Diego Alfredo Molero Bellavia, y le diera un plazo de cinco días para abandonar el territorio peruano en represalia por la ruptura del orden democrático en Venezuela con la formación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
El Gobierno venezolano ha arremetido duramente contra el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por “minar las relaciones bilaterales” entre las dos naciones y “torpedear el avance de la Unión Latinoamericana”, pues describió al mandatario como un “enemigo de la patria de Bolívar”.
La Cancillería del país bolivariano recordó la unidad de Venezuela y Perú en las luchas independentistas de la región, para luego enfatizar el compromiso de Caracas con esta “gesta heroica” y la “paz y unión” en América Latina.
En los últimos días, las relaciones diplomáticas entre Caracas y Lima han vivido uno de sus momentos más tensos. El presidente peruano ha pedido en una entrevista a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro: “¡Que se vaya! Porque él es un dictador y ha hecho un golpe de Estado con una elección fraguada para eliminar a su Congreso”.
¡Que se vaya! Porque él es un dictador y ha hecho un golpe de Estado con una elección fraguada para eliminar a su Congreso”, ha pedido el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, a su par venezolano, Nicolás Maduro.
Además, Lima acogió el martes una reunión de los cancilleres y representantes de doce países de América Latina (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú), que, en un documento titulado ‘Declaración de Lima’, condenaron de forma conjunta la llegada de la ANC en Venezuela y expresaron su respaldo a la Asamblea Nacional (AN) del país, de mayoría opositora.
Maduro convocó el 1 de mayo la formación de la ANC con el fin de redactar una nueva Carta Magna en reacción al rechazo al diálogo por parte de la oposición.
La iniciativa, fundamentada en el artículo 348 de la Constitución venezolana, busca ampliar y proteger los derechos sociales de los ciudadanos establecidos en la Carta Magna de 1999, garantizar la paz y el diálogo ante la violencia de la oposición, superar el rentismo petrolero y fortalecer la lucha contra el terrorismo, entre otros objetivos.
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