• La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.
Publicada: viernes, 16 de junio de 2017 7:09

La fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, presentó nuevos recursos para anular los decretos presidenciales con los que Maduro convocó la Constituyente.

La titular venezolana anunció el jueves que ha presentado tres nuevos recursos contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se suman a otros dos que han sido rechazados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

De esta manera, la fiscal general recurrió el decreto del 1 de mayo, por el cual el presidente Nicolás Maduro convocó el proceso de la ANC. Asimismo, solicitó la nulidad de otra orden presidencial, emitida el 23 de mayo, que fija las bases comiciales de la ANC, es decir, de quiénes podrán ser elegidos para formar parte de la elaboración de la nueva Carta Magna.

Y en la tercera acción legal, la fiscal denunció que "hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se conformarán los registros electorales sectoriales, su auditoría, la modalidad de elecciones, observadores y testigos electorales, así como la duración de la ANC".

Hasta el momento se desconocen las condiciones en las que se conformarán los registros electorales sectoriales, su auditoría, la modalidad de elecciones, observadores y testigos electorales, así como la duración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)", ha cuestionado la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.

 

Ortega, una acérrima chavista, comenzó a distanciarse del Gobierno de Maduro a finales de marzo, cuando denunció que la decisión del TSJ de asumir las funciones del Legislativo —de mayoría opositora— era una "ruptura del orden constitucional".

La brecha se hizo más amplia en mayo, después de que la fiscal general pidiera la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente al considerar que no es potestad del Ejecutivo convocar ese proceso sin previa consulta en referendo. 

La fiscal, ahora considerada “traidora” por el oficialismo, llamó a los venezolanos a oponerse al proceso de la ANC porque, según ella, violenta la democracia, la “progresividad” de los derechos humanos, el derecho al sufragio y la soberanía constitucional.

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