Ortega, en su acción legal, cuestionó la actuación de los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral, al precisar que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la definición de su sistema de elección no eran potestad del jefe de Estado sino de los venezolanos por medio de una consulta en referendo.
La fiscal anunció el lunes que ha decidido impugnar el nombramiento que la Asamblea Nacional saliente --dominada por el 'chavismo'-- hizo en diciembre de 2015 de todos los magistrados del TSJ, poco antes de que los nuevos diputados tomaran posesión y cambiaran el equilibrio de poder en el Congreso.
En su pronunciamiento, el TSJ resaltó el miércoles que el recurso ha sido declarado inadmisible "por haber operado la cosa juzgada", recordando que "ya se pronunció con anterioridad la Sala Constitucional en sentencia 614 del 19 de julio de 2016".
"Cualquier comisión u otro artificio o acción que tenga el objeto de anular la designación de magistrados y magistradas, subvierte el procedimiento constitucional" previsto para tal fin, refiere la sentencia 614, publicada en el portal del TSJ.
En este sentido, recordó que en dicho caso se subrayó que "quienes participen en ellos están sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda", lo cual se aplicaría ahora a la fiscal general del país.
Cualquier comisión u otro artificio o acción que tenga el objeto de anular la designación de magistrados y magistradas, subvierte el procedimiento constitucional previsto para tal fin", refiere la sentencia 614, publicada en el portal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela..
El Poder Ciudadano funciona como un cuerpo colegiado integrado por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República; esas dos últimas instancias no han avalado la acción unilateral de Ortega Díaz.
En el comunicado de ayer miércoles, la Sala Constitucional aclaró que quienes participen en acciones que intenten subvertir lo establecido por la Carta Magna "están sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda".
Luego de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, convocó el 1 de mayo el proceso de la ANC, la oposición ha intensificado sus marchas para rechazar la medida y exigir la salida del poder del mandatario. En dos meses y medio, estas protestas han dejado más de 60 muertos, cientos de detenidos y más de un millar de heridos, según la Fiscalía.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) descartó participar en la Constituyente al considerarla un "fraude" con el que, asegura, el chavismo pretende hacer una Carta Magna para perpetuarse en el poder.
mep/ktg/myd/nal
