El parlamentario chavista Pedro Carreño, en declaraciones el martes a la salida de la máxima corte, ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorización para conformar una junta médica de expertos, peritos, psiquiatras y sicólogos que “evalúen el comportamiento de la fiscal” general, Luisa Ortega.
“A todas luces se evidencia que esa señora no está en sus cabales, a todas luces se evidencia que esa señora no está normal (...) ella perdió la autoridad moral, y se convirtió en una vocera de la derecha al servicio del terrorismo”, afirma el legislador, que iba acompañado de un grupo de oficialistas, en referencia a la supuesta “insania mental” de la titular del Ministerio Público.
Ortega, una acérrima chavista, comenzó a distanciarse del Gobierno de Nicolás Maduro a finales de marzo, cuando denunció que la decisión del TSJ de asumir las funciones del Legislativo —de mayoría opositora— era una "ruptura del orden constitucional". La brecha se hizo más amplia en mayo, después de la fiscal general pidiera la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al considerar que no es potestad del Ejecutivo convocar ese proceso sin previa consulta en referendo.
Por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, tras recordar que el TSJ falló en contra del recurso de nulidad que presentó la fiscal general contra la ANC, señaló que Ortega actúa a favor de la “oligarquía” por eso está sopesando unirse a la tesis de que sufre “insania mental”.
A todas luces se evidencia que esa señora no está en sus cabales, a todas luces se evidencia que esa señora no está normal”, dice el parlamentario venezolano Pedro Carreño, en alusión a la la fiscal general, Luisa Ortega.
Horas antes de que Carreño se personara en la sede del TSJ, ya había estado allí la fiscal general de Venezuela para solicitar que el Supremo autorice abrir un "antejuicio de mérito" contra ocho jueces de la Sala Constitucional por estimar que esos magistrados han cometido delito de "conspiración" contra el sistema democrático.
Para la fiscal general, las decisiones de los ocho magistrados han acelerado la severa crisis del país, inmerso en una ola de protestas opositoras desde hace dos meses y medio con un saldo de decenas de muertos. "No es a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias", advierte.
Ortega arremetió contra el TSJ, considerado que es un poderoso aliado del Gobierno. "No es posible que el TSJ (decida) 'hoy no me gusta la Asamblea Nacional, la elimino; mañana no me gusta el Ministerio Público, lo elimino; mañana no me gusta otro organismo, lo elimino'. Necesitamos seguridad (...), no caprichos", aseveró la funcionaria venezolana, quien ya el lunes denunció que su familia había recibido amenazas.
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