La Justicia venezolana ha asegurado este lunes que la Asamblea Nacional (AN) carece de facultad para destituir al presidente del país, afirmando que “se encuentra en ejercicio de sus atribuciones constitucionales” y a quien la oposición se apresta a declarar en "abandono del cargo" al responsabilizarlo de la grave crisis del país.
Mediante un comunicado, enviado a la prensa poco antes del inicio de la sesión parlamentaria, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha reiterado una sentencia publicada el pasado 15 de noviembre, en la que ordenó a los diputados “abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de ‘responsabilidad política’ contra el presidente de la República”.
En Venezuela no hay justicia (…) no contemos con el TSJ, todos los derechos que les hemos dado a los venezolanos, todo lo ha destruido”, ha sostenido el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges.
En dicha sentencia y “con el firme propósito de mantener la paz, el orden constitucional y la estabilidad democrática de la nación”, el Supremo ha exigido también al Legislativo no dictar “cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales” como “instigaciones” contra autoridades y poderes públicos.
En la nota oficial, el TSJ llama a emplear el diálogo “para dirimir las diferencias políticas y, en especial, para cumplir los deberes y fines constitucionales, en función de garantizar la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y de procurar la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”.
Sin embargo, el nuevo presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, ha reaccionado al comunicado del Supremo y ha pedido no prestar atención a las decisiones emanadas por el Poder Judicial.
“En Venezuela no hay justicia (…) no contemos con el TSJ, todos los derechos que les hemos dado a los venezolanos, todo lo ha destruido”, ha sostenido Borges en declaraciones al canal institucional Capitolio TV.
Pese a toda advertencia, la AN, controlada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha votado este lunes la iniciativa y ha solicitado la celebración de elecciones, en la víspera de que Maduro cumpla su cuarto año de mandato.
La difícil situación que atraviesa el país se origina en que la oposición insiste en la importancia de convocar un referendo revocatorio contra Maduro, mientras el oficialismo niega la mera posibilidad de que el Poder Electoral convoque elecciones generales y acusa a la contraparte de promover un golpe de Estado.
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