“Yo abro una consulta pública, en un diálogo verdaderamente nacional, para que el pueblo en todas sus organizaciones de derechos humanos, sus movimientos sociales, partidos políticos, instituciones de la República, me haga llegar su opinión de qué debe hacer el jefe de Estado con la ley criminal de Amnistía que pretenden imponer como un golpe de Estado”, ha anunciado este viernes Maduro.
Yo abro una consulta pública, en un diálogo verdaderamente nacional, para que el pueblo en todas sus organizaciones de derechos humanos, sus movimientos sociales, partidos políticos, instituciones de la República, me haga llegar su opinión de qué debe hacer el jefe de Estado con la ley criminal de Amnistía que pretenden imponer como un golpe de Estado”, anuncia el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
De hecho, ha calificado de “inconstitucional” la citada ley impulsada por la bancada derechista del Parlamento venezolano, recordando que “violaría acuerdos internacionales sobre los derechos humanos”.
Según Maduro, el objetivo de esa consulta consiste en recoger la opinión del pueblo acerca de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional por “autómatas” en la Asamblea Nacional.
“Aprobaron como autómatas la ley, no la defendieron (...) para aprobar una vergüenza que no tiene parangón, ni Pinochet aprobó una ley tan vergonzante y aberrante como esa”, ha denunciado.
Por tanto, ha ordenado que el debate público se realice en todas las plazas Bolívar de los 24 estados con el propósito de conocer qué piensan los venezolanos sobre la impunidad que proporciona la referida ley a los responsables de las guarimbas (protestas violentas) de 2014, las cuales dejaron cientos de muertos y heridos.
Según la Constitución venezolana, el Ejecutivo debe pronunciarse en los próximos diez días para aprobar o rechazar esta ley, y promulgarla en Gaceta Oficial.
El pasado 17 de febrero, la mayoría opositora de la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el proyecto de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que permitirá la liberación de los presos políticos.
De esa manera, quedarían sin efectos las sanciones penales ante delitos como la instigación pública; zozobra generada a través de la difusión de informaciones falsas; obstaculización de vías públicas; daños a la propiedad y sistemas de transporte, servicios públicos, informáticos o de comunicación; fabricación y suministro de artefactos explosivos; uso de menores de edad en la comisión de delitos y microtráfico de drogas, entre otros.
Entre los presos que se beneficiarían con esta ley podemos mencionar a Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular y encarcelado desde febrero de 2014, y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, detenido desde hace casi un año y en arresto domiciliario desde el pasado abril.
El pasado martes, Maduro amenazó con vetar el proyecto de ley, no obstante, la oposición venezolana espera poder superar el veto presidencial a esta reforma por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
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