La Sala Constitucional del máximo Tribunal dictaminó que la Asamblea Nacional (AN), controlada por la oposición, “no está legitimada” para revisar, anular o revocar los procesos anteriores de selección y designación de magistrados, y estableció que actuar en ese sentido “sería evidentemente inconstitucional”.
Asimismo, la Corte estableció que el Congreso puede ejercer el control parlamentario sobre el Ejecutivo, pero “no sobre el resto de los Poderes Públicos (Judicial, Ciudadano y Electoral)”.
El control político "se extiende fundamentalmente sobre el Poder Ejecutivo Nacional y no sobre el resto de los Poderes Públicos (...) tampoco sobre el poder público estatal ni sobre el poder público municipal", indica la sentencia.
El control político "se extiende fundamentalmente sobre el Poder Ejecutivo Nacional y no sobre el resto de los Poderes Públicos (...) tampoco sobre el poder público estatal ni sobre el poder público municipal", indica la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La sentencia se difundió pocas horas después de que la Asamblea Nacional sometiera a discusión el informe de una comisión especial que, de hecho, concluyó que se cometieron violaciones a las leyes en el proceso que siguió el anterior Congreso, días antes de la culminación de su período, para nombrar 13 magistrados principales y 21 suplentes del máximo Tribunal.
“No hay ninguna duda de que el acto administrativo hecho para elegir el 23 de diciembre a los 13 magistrados y 21 suplentes está viciado”, dijo a The Associated Pres el diputado opositor Carlos Berrizbeitia, presidente de la comisión especial que investigó el proceso. Afirmó que se incumplieron los plazos legales para los nombramientos y se vulneró la normativa que prohíbe a los jueces tener filiaciones políticas.
Berrizbeitia indicó, asimismo, que la comisión especial había obtenido pruebas de que algunos de los magistrados que salieron de sus cargos en 2015 fueron “extorsionados para que adelantaran sus jubilaciones” y permitir así a la anterior Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, nombrar nuevos jueces.
Ante las irregularidades, el presidente de la comisión especial planteó que el legislativo puede revocar el acto administrativo de selección de los magistrados y abrir un nuevo proceso, pero sostuvo que la decisión final sobre ese tema la deberá tomar el Congreso.
En los casi dos meses de actividades del nuevo legislativo, la mayoría opositora se ha enfrentado al Tribunal Supremo de Justicia por la suspensión de tres diputados del estado sureño de Amazonas y por el decreto de emergencia económica que aprobó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En los dos enfrentamientos el máximo Tribunal ha logrado imponer sus decisiones a la Asamblea Nacional.
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