Según informes filtrados por la prensa, se señala que un grupo de agentes de las Fuerzas Armadas también debe ser investigado por presunta violación de derechos humanos durante el período comprendido entre finales de 2022 y principios de 2023. En el contexto actual, Dina Boluarte enfrenta pesquisas debido a las acusaciones en su contra como presunta autora de delitos de homicidio calificado y lesiones graves, en relación con las mismas movilizaciones que tuvieron lugar cuando asumió la presidencia. Estas imputaciones se suman a las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito en el caso conocido como Rolexgate. Nuestro corresponsal en Lima, Aarón Rodríguez con todos los detalles.
El Poder Judicial de Perú exhortó a la Fiscalía para que profundice las investigaciones sobre los militares señalados por delitos de lesa humanidad durante las protestas sociales que marcaron el inicio del mandato de Boluarte. En paralelo, la presidenta enfrenta su propia batalla legal en este caso, mientras que su situación se complica aún más con las nuevas pesquisas por presunta corrupción.
Dina Boluarte buscaba anular la denuncia constitucional interpuesta por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, por homicidio calificado y lesiones graves. No obstante, el Poder Judicial rechazó su recurso, ya que la presidenta sí puede ser investigada preliminarmente por la Fiscalía, según la Constitución del Perú.
Según la última encuesta de Ipsos Perú, la gestión de Dina Boluarte apenas alcanza un 8% de respaldo del pueblo peruano, pues un 86% persiste en desaprobar su gestión tras las muertes ocurridas en las movilizaciones, las cuales dejaron 61 muertos, incluyendo menores de edad.
En Puno, región donde se registraron 18 fallecidos durante las protestas, continúan realizando manifestaciones contra el gobierno con el fin de exigir justicia para sus víctimas.
Aarón Rodríguez, Lima
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