“No podemos, ni vamos a tolerar actos de violencia”, afirmó el miércoles Sagasti en una entrevista concedida al Canal N, en referencia al último ataque a dos ministros y a periodistas la misma jornada.
Todo ocurrió cuando cientos de simpatizante de la candidata derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, atacaron con palos y piedras los vehículos de los ministros de Salud y Vivienda, Óscar Ugarte y Solangel Fernández, respectivamente, en las inmediaciones de la sede presidencial en el centro de Lima (la capital peruana). Los seguidores de Fujimori también atacaron a periodistas que cubrían los incidentes.
El presidente interino dejó claro que su Gobierno respeta el derecho a la protesta pacífica y la población tiene derecho a expresarse libremente, pero “sin agredir a otras personas ni afectar a los bienes públicos y privados”.
Además, calificó de “punto de quiebre” los actos de violencia realizados el miércoles e indicó que la Policía tomará las medidas necesarias en este sentido, de acuerdo con los protocolos existentes y sin excesos.
Por otro lado, manifestó que, como presidente, no tiene constitucionalmente la facultad de intervenir en procesos electorales, al mismo tiempo que consideró que la concepción de un supuesto “fraude” en mesa no tiene mucho sentido.
Las elecciones presidenciales en Perú se celebraron el pasado 6 de junio y el escrutinio del 100 % de las mesas del balotaje culminó el 15 de junio, dando el 50,12 % de los sufragios al candidato de izquierdas Pedro Castillo, de Perú Libre, con 44 058 votos de ventaja, frente a su rival, Fujimori.
No obstante, pasado más de un mes de la cita comicial, las autoridades electorales no han podido proclamar presidente electo a Castillo debido a las acusaciones de Fujimori acerca de que se produjo un “fraude sistemático en mesa”, una circunstancia que ha derivado en enfrentamientos entre los seguidores de cada uno de los candidatos a lo largo y ancho del país.
La marcha del miércoles tenía como objetivo llegar al Palacio del Gobierno; sin embargo un cordón policial los impidió cerrando los accesos a la sede con barreras metálicas.
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