La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú abrió el lunes investigaciones contra al menos 96 agentes, presuntamente vinculados con ejecuciones extrajudiciales durante operativos armados, informa el diario peruano El Comercio.
Los investigados, 16 oficiales y 80 suboficiales, habrían cometido ejecuciones extrajudiciales bajo el liderazgo del comandante Enrique Prado Ravines entre los años 2011 y 2015, con el objetivo de obtener ascensos y distinciones policiales.
El comandante Prado organizaba todo, ganaba así su ascenso y felicitaciones por parte de sus jefes. Nosotros ganábamos dinero (...), explicó un colaborador que asegura haber formado parte del grupo de informantes civiles pagados por el comandante Enrique Prado Ravines.
Las autoridades se percataron de los hechos a través de un colaborador que asegura haber formado parte del grupo de informantes civiles pagados por Ravines que incentivaba a delincuentes de poca monta a cometer delitos aparentemente fáciles, pero muy rentables.
Acusan a grupo de policías por presuntas ejecuciones extrajudiciales https://t.co/ezoOZOLjS1
— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) August 1, 2016
Según dijo, después de estos contactos, los informantes daban cuenta a los agentes del momento exacto en que se iban a producir los golpes.
Así los policías sorprendían y acribillaban a los delincuentes, pero el comandante informaba siempre que todo había sido producto de enfrentamientos riesgosos y daba carácter de hazañas a las operaciones con el fin de obtener reconocimientos y tentar ascensos. También para usar indebidamente la partida de dinero destinada a Inteligencia.
"El comandante Prado organizaba todo, ganaba así su ascenso y felicitaciones por parte de sus jefes. Nosotros ganábamos dinero. Nos captaba para llevar a personas con antecedentes y que realizasen el trabajo, es decir, para hacer creer a los delincuentes que había empresarios o bancos para poder asaltar", explicó este colaborador en el programa de TV Cuarto Poder.
Acotó que como él habían unos 10 civiles que trabajaban para el oficial por pagos de entre 80 y 500 soles (moneda de Perú).
El abogado de Ravines, Isaac Nonalaya, niega rotundamente que su defendido sea el responsable de este esquema y acusa al colaborador que ha dado la información de contar "historias falsas" en busca de remuneración económica.
Asimismo, asegura que el comandante Ravines no ha recibido hasta ahora ni una llamada, notificación ni citación de Inspectoría de la Policía.
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