• Ministra israelí de asuntos jurídicos, Ayelet Shaked (izda.).
Publicada: lunes, 28 de diciembre de 2015 0:48
Actualizada: domingo, 12 de marzo de 2017 4:29

El gabinete israelí ha aprobado un controvertido proyecto de ley para endurecer las normas sobre ciertos grupos de derechos humanos que exponen los crímenes del régimen sionista contra los palestinos.

El gabinete en pleno ha aprobado este domingo el proyecto de la llamada “ley de transparencia”, que obligará a las ONG que reciben más de la mitad de sus fondos de Gobiernos extranjeros a notificarlo en los informes públicos.

La ley está exclusivamente dedicada a garantizar la transparencia de las asociaciones y en ningún caso dañará la libertad de expresión", ha sostenido la ministra de asuntos jurídicos y promotora de la iniciativa, Ayelet Shaked.

El proyecto de ley que aún debe superar la votación del parlamento israelí también obligará al personal de esas organizaciones no gubernamentales a llevar una placa de identidad especial durante la comparecencia ante las comisiones parlamentarias.

La iniciativa no abordó los fondos privados del extranjero, como el dinero donado a grupos israelíes que apoyan los asentamientos ilegales en los territorios ocupados.

"La ley está exclusivamente dedicada a garantizar la transparencia de las asociaciones y en ningún caso dañará la libertad de expresión", ha sostenido la ministra de asuntos jurídicos y promotora de la iniciativa, Ayelet Shaked.

Shaked, además ha declarado que el objetivo de tal medida es reducir la influencia de países extranjeros que financien a estos grupos pro derechos humanos, en los asuntos internos de Israel.

La oposición israelí la califica de racista ya que según ellos, se trata de un proyecto que intenta silenciar a los que critican las políticas del régimen de Tel Aviv hacia los palestinos.

 Soldados israelíes vestidos de civil detienen a un joven palestino durante una protesta en la ciudad palestina de Ramalá, en la Cisjordania ocupada.

 

Como reacción al proyecto de ley, Paz Ahora, una ONG israelí que se opone a los asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania y el este de Al-Quds (Jerusalén), llamó a la legislación "un crimen de odio contra la democracia".

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