Las autoridades mexicanas están intentando saber la razón por la que los cuerpos, que supuestamente nadie reclamaba, fueron enterrados en una gran fosa común clandestina en Tetelcingo, una pequeña comunidad indígena de Morelos, por funcionarios judiciales.
El portavoz de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Rafael Idiáquez, aseguró que hay cuerpos sin número de expediente. “No sabemos por qué están allí, si ellos fueron ejecutados, si tienen parientes, si cualquier investigación se ha hecho nunca en sus casos”, añadió.
En cuanto al caso, la fiscalía de Morelos expresó a través de una nota que los empleados implicados pasarán a ser investigados por "incumplimiento de funciones públicas, ejercicio indebido de servicio público, violación a las leyes sobre inhumación y exhumación de cadáveres".
tqi/anz/msf
