El próximo miércoles y jueves, el canciller mexicano, Luis Videgaray y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viajarán a Washington, capital de EE.UU. con el objetivo de sostener reuniones sobre comercio, migración y seguridad con integrantes del nuevo Gobierno estadounidense.
Ambos "deben tener claro que la sociedad mexicana no quiere un Gobierno que decline a cada una de las pretensiones y deseos del nuevo presidente de Estados Unidos", ha indicado este domingo un comunicado del Senado, citando al coordinador de la bancada del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa.
Ambos "deben tener claro que la sociedad mexicana no quiere un Gobierno que decline a cada una de las pretensiones y deseos del nuevo presidente de Estados Unidos", ha indicado el comunicado del Senado mexicano.
Junto a los diputados mexicanos, la gente de México también está preocupada por la próxima reunión entre las autoridades de su país y sus homólogos estadounidenses. Debe señalar que durante su campaña electoral, el magnate inmobiliario realizó ataques verbales en contra de los migrantes mexicanos, a quienes calificó de "criminales" y "violadores", incluso los acusó de portar “enfermedades mortales” y amenazó con hacer que México pague un nuevo muro fronterizo.
"Dignidad y firmeza es la actitud que México debe demostrar", ha declarado Barbosa, estimando que "sería inaceptable" que Videgaray y Guajardo fueran recibidos por funcionarios de bajo perfil y no por sus homólogos en el Gobierno del nuevo presidente de EE.UU. Donald Trump, Rex Tillerson y Wilbur Ross, quienes aún deben ser ratificados por el Senado estadounidense.
Por su lado, el diputado Javier Bolaños del conservador Partido Acción Nacional (PAN), ha pedido una "posición férrea y sin titubeos" para proteger la planta productiva de México y su sector agroalimentario.
Según Bolaños, toda negociación tendrá que hacerse "anteponiendo el interés" de México "a fin de evitar afectaciones en su capacidad exportadora". El 80 % de las exportaciones mexicanas son enviadas a Estados Unidos, donde viven unos 11 millones de indocumentados, muchos de ellos mexicanos.
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