Esta exigencia se basa en una investigación de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revelaron una diligencia sin registro en el expediente del jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con un presunto sicario, torturado antes de confesar que había participado en el asesinato e incineración de los jóvenes.
"No puede darse validez a ninguna actuación que realice Zerón, luego de que ha mentido y ha llevado a cabo actuaciones sin que sean reportadas", dijo el jueves el abogado de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales, luego de reunirse con la ministra de Exteriores mexicana.
No puede darse validez a ninguna actuación que realice Zerón, luego de que ha mentido y ha llevado a cabo actuaciones sin que sean reportadas", dijo el abogado de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales, durante su encuentro con la canciller mexicana, Claudia Ruiz.
La jefa de la Diplomacia mexicana expresó en la reunión el "compromiso y determinación para mantener un diálogo cercano con los familiares y con la CIDH para el seguimiento de las medidas cautelares dictadas como consecuencia de la desaparición de los 43 estudiantes", señala un texto oficial.
El director del jesuita Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), Mario Patrón, que también participó de la reunión, dijo que el Gobierno "está en deuda con los padres, estamos por cumplir un año y ocho meses y no está claro el paradero de los estudiantes".
Los familiares de los estudiantes dieron un plazo de 15 días para que la Procuradora General, Arely Gómez destituya al funcionario antes del 1 de junio.
El 26 de septiembre de 2014 en el municipio Ayotzinapa de la ciudad de Iguala, estado Guerrero (suroeste de México), desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, tras la represión del cuerpo policial local, agentes los entregaron a la banda criminal “Guerreros Unidos”.
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