Las acusaciones consideran acreditado que estas tarjetas utilizadas durante años en total por 65 exconsejeros y los exdirectivos de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato no estaban aprobadas por ningún órgano de control, carecían de respaldo contractual y eran opacas al fisco, se utilizaron exclusivamente para gastos personales (compra de artículos de lujo, viajes familiares, cenas en restaurantes, etc.) e incluso para extraer cantidades regulares del cajero automático. Su uso continuó en algún caso después de que los acusados abandonaran estas entidades.
La Fiscalía ha pedido cuatro años y medio de cárcel para Rato y seis años para Blesa, en un caso que investiga el pago de más de 12 millones de euros en gastos personales de directivos y altos cargos de las entidades entre 2003 y 2012.
Por otra parte, Rato, Blesa y otros acusados recibieron insultos por parte de los manifestantes y activistas que los esperaban a la entrada del juzgado en el primer día del juicio.
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