El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado este martes retirar las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) dictadas contra Puigdemont, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí —que viajaron juntos a Bélgica para evitar su detención— y ha pedido que se comunique su decisión a las autoridades belgas para que dejen sin efecto la colaboración requerida en su día y se les solicite la devolución del formulario.
Llarena señala la innecesidad de la euroorden, dado que los cinco han expresado intención de volver a España para participar en la campaña electoral autonómica para el 21 de diciembre, en la que todos son candidatos. Aun así, se mantiene la orden de arresto si regresan.
Argumento fundamental del magistrado es también que la OEDE, cursada el 3 de noviembre a petición del fiscal José Manuel Maza, hubiera podido complicar la causa por rebelión, sedición y malversación abierta al conjunto del gobierno regional cesado.
Los delitos investigados, señala Llarena, son de naturaleza plurisubjetiva, pero de unidad jurídica inseparable, lo que requiere evitar respuestas diferentes. Si la Justicia belga rechaza alguno de los puntos de la orden, dando inmunidad a Puigdemont y sus consejeros en Bélgica para algún delito, se crearía una desigualdad respecto a los ya investigados en España por todo el expediente.
La sorpresiva retirada de la euroorden se anuncia tan solo un día después de acudir Puigdemont y sus cuatro consejeros a una audiencia del proceso de su extradición a España. El juez había anunciado su decisión para el 14 de diciembre, a tan solo una semana de la votación autonómica catalana.
El anuncio se produce también en el mismo día en el que se ha lanzado en Cataluña la campaña electoral, con la participación a través de videoconferencia desde Bélgica de Puigdemont, cabeza de lista de Juntos por Cataluña (heredera de Convergencia Democrática de Cataluña) en la provincia de Barcelona.
El pasado 27 de octubre, el gobierno regional de Puigdemont fue destituido en aplicación del artículo 155 de la Constitución española a solicitud del Ejecutivo central, en respuesta a la declaración de independencia de Cataluña, ese mismo día, del Parlamento de la región.
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