La jueza también ha pedido este viernes la detención y la entrada en prisión de los consejeros que se encuentran con el expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, en la capital belga, Bruselas, y no han acudido a su citación, en concreto Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. A todos les considera fugados por haberse refugiado en un Estado miembro de la Unión Europea (UE) para no estar a disposición de los tribunales españoles.
La decisión se ha tomado luego de que el Ministerio Público pidió el jueves el arresto de Puigdemont y los mencionados consejeros. La Fiscalía lo solicitó a raíz de que ninguno de ellos hubiera acudido a la Audiencia Nacional, donde estaban citados, imputados por rebelión, sedición y malversación.
Así pues, Lamela ha dictado dos autos por cada huido. En uno, se cursa la orden de detención europea y se da traslado a la Fiscalía Federal de Bélgica. Este proceso, en caso de que se estiren todos los plazos y agoten los recursos, puede alargarse hasta sesenta días, según han informado fuente jurídicas al diario español ABC.
En el segundo se cursa una orden internacional de busca y captura internacional para asegurar la detención de Puigdemont y los cuatro consejeros estén donde estén. Mientras tanto, la justicia belga “estudiará” la orden europea de busca y captura del expresidente catalán, según ha indicado este viernes Eric Van der Sijpt portavoz de la Fiscalía Federal belga, confirmando así la recepción de la misma.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha dictado estas órdenes un día después de acordar el ingreso en prisión incondicional del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras y de otros siete exconsejeros investigados en la misma causa ante alto riesgo de reiteración delictiva y de fuga.
El 27 de octubre, el expresidente catalán, junto con el que fuera su gobierno regional, fue destituido como resultado de la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución española presentadas por el Ejecutivo central, en respuesta a la “ilegal” declaración de independencia de Cataluña por el Parlament.
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