El TC ha suspendido cautelarmente a instancias del Gobierno de España una nueva iniciativa separatista, en este caso, la ley de transitoriedad nacional, la que supondría de facto la Constitución de la República catalana en caso de que ganara el ‘sí’ en el referéndum. La Generalitat ha hecho oídos sordos a la decisión y mantiene su plan asumiendo toda la responsabilidad del mismo.
Además de la suspensión, el cerco judicial se ha ampliado a la Mesa del Parlamento con querellas en el Tribunal Superior de Justicia por permitir la votación de la ley de desconexión y del referéndum. Amenazas de inhabilitación que parecen no espantar a las instituciones catalanas.
Por su parte, el Estado, decidido a impedir el 1 de octubre, ha citado en la Fiscalía al máximo dirigente de los Mossos d'Esquadra (Policía autonómica de Cataluña), Josep Lluís Trapero, para instarle a requisar urnas el día de la votación. La policía se encuentra así en el punto de mira de la cita.
En este clima de tensión y sin saber exactamente qué sucederá el 1 de octubre, los partidos y entidades independentistas, dispuestos a hacer valer la legalidad catalana, empezarán la campaña del referéndum en los próximos días. Por ahora, la maquinaria de la consulta sigue su curso y en contraposición, también prosiguen los requerimientos y obstáculos del Estado a las urnas.
Oriol Puig, Barcelona.
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