“Creo que es en interés de todos que sea una transición corta, muy dialogada y muy negociada, pero corta”, dice el presidente del gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, en una larga entrevista publicada este domingo por el portal El Nacional.cat.
Ese es el planteamiento de Puigdemont en caso de que, de celebrarse finalmente el plebiscito programado para el 1 de octubre —al que se oponen los distintos poderes centrales del país—, se impone el sí. En ese caso, dentro de un año Cataluña (hoy en el noreste de España) podría estar preparando unas elecciones constituyentes, previas a un referéndum constitucional.
El president considera además que la celebración del plebiscito hará insostenible “la posición del Estado español, sea cual sea el resultado”, y que el sistema político del país “deberá tomar decisiones sobre cómo ha de situarse ante esta nueva etapa”.
Sobre los posibles impedimentos interpuestos por el Gobierno para impedir el plebiscito, Puigdemont reconoce que “el Estado tiene resortes y mecanismos”, pero señala que, en caso de intentar las autoridades centrales abortar la votación, “será necesario que (…) expliquen exactamente qué han pretendido parar al buscar o provocar cualquier efecto para impedir un referéndum”, lo que equipara a “impedir la democracia”.
Creo que es en interés de todos que sea una transición corta, muy dialogada y muy negociada, pero corta”, afirma el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont.
En concreto, Puigdemont desestima la posibilidad de que se produzcan inhabilitaciones de cargos catalanes, por no quedar tiempo para ello, si bien recuerda la modificación efectuada el año pasado en la ley orgánica del Tribunal Constitucional español (TC) para que este pueda suspender a las autoridades políticas que desobedezcan sus dictámenes. El propio Puigdemont había declarado meses antes que no obedecería a la máxima Corte del país.
En otra parte de sus declaraciones publicada separadamente, el presidente regional considera que “no hay base legal” para que, por otra parte, el Gobierno pueda eventualmente ordenar a la Policía autonómica, los Mozos de Escuadra, que actúen contra las órdenes de la Generalidad, aunque señala que el Gobierno central “ha dicho que está dispuesto a todo y, cuando el Estado español dice ‘todo’, se refiere a todo”.
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