"Los ayuntamientos catalanes que estén dispuestos a participar en la celebración del referéndum independentista anunciado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para el 1 de octubre se enfrentan a graves sanciones que pueden alcanzar hasta los 600.000 euros", ha informado hoy jueves el periódico local El Mundo.
La multa se aplicará a los alcaldes que permitan la cesión de datos de los ciudadanos a otra Administración, en este caso la Generalitat, para un fin ilícito como sería articular el censo de votantes para la celebración de la consulta sobre la independencia de Cataluña, que Madrid tacha de "ilegal" y se estipula en las leyes como "una infracción muy grave".
El diario remarca que la nueva medida forma parte de los planes que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha trazado desde hace meses para hacer frente al "desafío catalán" en los que "no ha pasado por alto el papel que pueden desempeñar" los jefes ediles.
Los ayuntamientos catalanes que estén dispuestos a participar en la celebración del referéndum independentista anunciado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para el 1 de octubre se enfrentan a graves sanciones que pueden alcanzar hasta los 600.000 euros”, publica el periódico El Mundo.
El Mundo recuerda que la entrega de datos del padrón para la elaboración de un censo electoral viola los artículos 16.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y 21 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. Dichos artículos establecen que dos administraciones diferentes pueden compartir datos de los ciudadanos sin su consentimiento sólo para ejercer adecuadamente sus funciones y exclusivamente cuando la información sobre el domicilio sea necesaria para ello.
Además, el periódico recalca que la cesión de datos resulta más "agravante" cuando el referéndum vulnera la Constitución. Las multas también ascenderán en función del volumen de información cedido y la reincidencia del delito, agrega.
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