Unidos para acusar al Estado de ultrajes en materia de infraestructuras. Así se ha reunido en la Generalitat tanto el Gobierno catalán, el ámbito municipal y la sociedad civil, para reclamar al Ejecutivo español el traspaso inmediato de las competencias de los trenes de cercanías. La demanda transversal se enmarca en los anhelos soberanistas de la mayoría en Cataluña.
El mundo municipal también se ha puesto manos a la obra para sortear una hipotética inhabilitación de las instituciones catalanas, en plena ofensiva judicial del Estado contra cargos soberanistas. La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) impulsa una asamblea de cargos electos que actúe como órgano soberano si se paraliza el Parlamento vigente.
La adhesión a la asamblea es voluntaria y contemplará cuál debe ser su actuación en cada momento y en base a los obstáculos que imponga el Estado en lo que consideran la recta final hacia la independencia.
Esto coincide con el inicio de la investidura de Mariano Rajoy a la que todos los partidos soberanistas votarán en contra, también los socialistas, que romperán la disciplina de voto de la abstención propuesta por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La elección de Rajoy, vista con mucho recelo en Cataluña, prevé una legislatura de nuevo marcada por la tensión y la judicialización de unas aspiraciones decididas a culminar en la República catalana.
Oriol Puig, Barcelona.
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