El pasado 21 de diciembre, EE.UU. fue claro en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). Nadie, ni siquiera la ONU puede criticarle. Sus amenazas no funcionaron y en las Naciones Unidas se votó en contra de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de nombrar a la ciudad palestina de Al-Quds (Jerusalén) como capital de Israel. Estados Unidos anuncia ahora la congelación de los primeros 125 millones de ayuda a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA, en inglés).
La UNRWA administra cerca de 700 escuelas y 140 clínicas, además de ofrecer ayuda de emergencia a los refugiados de Palestina. La anulación total de la ayuda financiera estadounidense como castigo humanitario podría suponer el cierre de la agencia ya que EE.UU. es el principal donante. En los campos, donde la situación empeora tras 70 años en el exilio forzado, la tensión aumenta.
Un colapso total podría ser peligroso para Israel. Aún así el primer ministro del régimen israelí, Benyamin Netanyahu, desea ver a la UNRWA extinta y con ella la resolución 194 de las Naciones Unidas del derecho inalienable al retorno.
La lectura de esta problemática no es solo humanitaria. Detrás de la motivación de Trump hay unos intereses políticos, ya que a las autoridades israelíes nunca les ha agradado que haya un organismo de la ONU bajo el cual los y las refugiadas puedan entonar su derecho al retorno.
Isabel Pérez, Campo de refugiados de Bourj el-Barajneh (Beirut).
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