En su presentación, el Gobierno de Estados Unidos exigió al máximo tribunal del país que falle sobre la legalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump y en contra de dictámenes de cortes federales de apelaciones, que mantienen bloqueada la medida del gobernante a nivel nacional.
“Hemos pedido a la Corte Suprema que tome este importante caso”, anunció la misma jornada del jueves la portavoz del Departamento de Justicia, Sarah Isgur, tras la presentación de la solicitud.
Isgur recalcó que la Cartera de Justicia está convencida de que la orden del presidente Trump se encuadra dentro de sus atribuciones legales para mantener la seguridad de Estados Unidos y protegerlo del terrorismo.
La vocera hizo hincapié en que el presidente tiene el derecho de no admitir personas de países que patrocinan o cobijan el terrorismo hasta que puedan ser sometidas a investigaciones pertinentes para asegurarse que no representan un riesgo para la seguridad de EE.UU.
La petición se produjo una semana después del revés del Gobierno en la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito y después de que muchos tribunales menores del país norteamericano emitieran dictámenes en contra de la orden presidencial.
Es indiscutible lo que está en juego: la corte de apelaciones concluyó que el presidente actuó de mala fe y con animosidad religiosa cuando, tras consultar con tres miembros de su gabinete, impuso una breve pausa en los ingresos de (ciudadanos de) seis países que presentan elevado riesgo de terrorismo”, dijo la portavoz del Departamento estadounidense de Justicia, Sarah Isgur.
En su fallo, la mayoría de los jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito consideró que “no están plenamente convencidos” de que la parte del decreto que detalla los países -Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen- esté más relacionada “con la seguridad nacional que con la promesa” de campaña del presidente de vetar el ingreso de musulmanes al país.
La corte agrega que no está claro si las preocupaciones de seguridad del Gobierno superan los reparos de los demandantes en materia de discriminación. En respuesta, la Casa Blanca en su solicitud a la alta corte defiende: “Es indiscutible lo que está en juego: la corte de apelaciones concluyó que el presidente actuó de mala fe y con animosidad religiosa cuando, tras consultar con tres miembros de su gabinete, impuso una breve pausa en los ingresos de (ciudadanos de) seis países que presentan elevado riesgo de terrorismo”.
A continuación, la Administración denuncia que la decisión de dicha corte provoca “incertidumbre” sobre la autoridad del presidente Trump para atender las amenazas terroristas a pesar de que la Constitución de Estados Unidos y las leyes aprobadas en el Congreso del país “lo empoderan y obligan a hacerlo”.
Unos días de asumir el poder en enero pasado, Trump había firmado un primer decreto que suspendía la entrada a Estados Unidos por 90 días de las personas provenientes de los seis países de mayoría musulmana arriba mencionados más Irak, pero la orden fue bloqueada rápidamente por tribunales federales.
Fue entonces que el Gobierno quitó a Irak de una nueva versión del decreto, sin embargo, la nueva orden también fue bloqueada por un tribunal del estado de Maryland (este) y, por ello, el caso terminó en la corte de apelaciones del vecino estado de Virginia.
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