Así apostilla un artículo publicado el jueves por el rotativo local The Washington Post, en el que se baraja la posibilidad de que el Gobierno estadounidense podría revocar "discretamente" el permiso de trabajo de cientos de miles de inmigrantes -la mayoría mujeres- obligándolos a elegir entre regresar a sus hogares o abandonar el país por completo.
El texto subraya que la mayoría de esas mujeres son esposas de trabajadores altamente calificados que lograron obtener visados precisamente porque ellas también poseen las mismas calificaciones, incluso muchas de ellas lograron poner en marcha compañías que crean empleos para los ciudadanos de EE.UU., cuyos trabajos ahora también tambalean.
The Washington Post hace alusión a una mujer de origen indio, identificada como Keerthi Ranjith, que llegó a Estado Unidos en 2004 protegida por la visa H-1B concedida a su marido, un ingeniero de software. Ranjith, una maestra, sabía que no podría ejercer su profesión y en aquel entonces debido al tipo de visado de su marido no podían recibir remuneración. (La visa H-1B, un modelo de visa que se expide a las personas con alta preparación).
El diario añade que, según la ley que existía durante el periodo presidencial de Barack Obama, Ranjith podía trabajar y gracias a ello en un mes abrió un centro de aprendizaje en el que unos 250 estudiantes están matriculados y en el que más de 15 personas de origen estadounidense trabajan.
Pero, actualmente con las nuevas leyes de la Administración de Trump, Ranjith y las mujeres que tienen la misma situación que ella se verán obligadas a abandonar sus lugares de trabajo, lo que también puede dejar a miles de estadounidenses en el paro.
Trump firmó el 6 de marzo un polémico veto migratorio, prohibiendo la entrada de ciudadanos de seis países musulmanes (Siria, Libia, Yemen, Somalia, Sudán e Irán) a suelo estadounidense.
La versión anterior de este decreto, rubricada el 27 de enero por el presidente de EE.UU. bajo el pretexto de lo que llama "Proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a EE.UU.", había sido bloqueada por un juez del estado de Seattle, tras generar un aluvión de críticas y protestas en EE.UU., así como en otros países.
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