El Gobierno de EE.UU., presidido por Donald Trump, ha fijado este martes las nuevas directrices que aceleran el proceso legal de deportaciones de inmigrantes que residen sin permiso legal en el territorio estadounidense y dan más capacidad de actuación a los agentes de inmigración.
El documento guía, firmado por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, indica que no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”.
El objetivo de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump, y los memorandos para su ejecución divulgados el martes por el Departamento de Seguridad Interna no tienen como objetivo las deportaciones masivas”, ha informado a periodistas el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.
Dentro de estas medidas, la normativa también refleja la contratación de 15.000 nuevos agentes migratorios y, desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se asegura que “ya no eximirá a clases o categorías de extranjeros indocumentados de una potencial aplicación de la ley”, lo que en otras palabras equivale a una deportación.
Una vez hecha pública las nuevas normativas, la Casa Blanca ha tenido que salir a negar que el presidente Trump con estas directrices está buscando deportaciones masivas.
“El objetivo de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump, y los memorandos para su ejecución divulgados el martes por el Departamento de Seguridad Interna no tienen como objetivo las deportaciones masivas”, ha informado a periodistas el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.
Asimismo, Spicer ha dejado entrever de que quienes constituyan una amenaza a la seguridad pública o hayan cometido un delito serán obligados a salir de EE.UU. y ha advertido de que cualquiera que esté en el suelo norteamericano de manera ilegal está sujeto a ser deportado en cualquier momento.
Entre tanto, el mencionado DHS también ha anunciado en la misma jornada del martes que el Despacho Oval quiere que se empiece la construcción del muro con México en los enclaves fronterizos estratégicos de El Paso (Texas), Tucson (Arizona) y El Centro (California) y agrega que el gasto de la obra, de momento, saldrá del presupuesto aprobado por el Congreso de EE.UU.
A finales de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que prohibía a los ciudadanos de siete países musulmanes y a los refugiados entrar en Estados Unidos; la medida causó tal revuelo nacional que la justicia de este país bloqueó la normativa.
Trump ya en su campaña por las primarias republicanas, lanzó la idea de la expulsión por la fuerza de aproximadamente 11 millones de inmigrantes sin papeles que se calcula viven en EE.UU.
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