Se trata del magistrado federal James Robart, quien bloqueó momentáneamente la polémica orden ejecutiva mientras estudia, en su totalidad, el recurso de amparo presentado por el fiscal general del estado de Washington (oeste), Bob Ferguson.
“La Constitución prevaleció hoy. (…) Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente”, manifestó el viernes Ferguson tras el fallo judicial, el cual, aunque no fue el primero de este tipo, es considerado el golpe más duro a la controvertida medida presidencial, pues desarma sus principales argumentos.
La Constitución prevaleció hoy. (…) Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente”, señaló el fiscal general del estado de Washington (capital de EE.UU.), Bob Ferguson.
Ferguson, quien interpuso una demanda para invalidar disposiciones clave de la orden ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, explicó que, técnicamente, bajo el recién emitido veredicto, cualquiera con un visado válido cuenta con un acceso permitido al país norteamericano.
Trump firmó la semana pasada un decreto que prohíbe la entrada de ciudadanos de siete países musulmanes (Siria, Irak, Libia, Yemen, Somalia, Sudán e Irán) a suelo estadounidense por 90 días y los refugiados por 120 días, por considerarla contraproducente para la lucha contra el terrorismo.
Todavía no está claro si la Casa Blanca apelará la decisión o si los agentes fronterizos cumplirán la orden judicial o seguirán aplicando la orden ejecutiva de Trump, que les canceló el visado a entre 60.000 y 100.000 extranjeros de los siete países involucrados en el decreto.
De todos modos, el gobernador de Washington, Jay Inslee, al elogiar la decisión del juez, la calificó de una “victoria tremenda”, pero al mismo tiempo reconoció que aun queda “mucho por hacer”, ya que “la batalla no está ganada aun, pero debemos sentirnos animados por la victoria de hoy y más resueltos que nunca que estamos peleando del lado correcto de la historia”.
Tanto el recurso de Ferguson como los recursos presentados en otros estados, incluidos California, Nueva York y Virginia, argumentan que la prohibición del jefe de Estado estadounidense suspendía los derechos constitucionales de los inmigrantes y sus familiares, pues específicamente atacaba a los musulmanes.
La orden de Trump ha generado un aluvión de críticas y protestas en Estados Unidos, así como en otros países del mundo.
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