“Nadie está encima de la ley, ni siquiera el presidente [de EE.UU.]”, afirmó el lunes el fiscal estadounidense Bob Ferguson en una rueda de prensa en Olympia, capital del estado de Washington, oeste de EE.UU., además de señalar que en un tribunal no prevalece la voz de quien tiene más fuerza, sino la Constitución de un país sobre lo que se basa la justicia.
El recurso presentado, es el primero de su tipo en contra del presidente de EE.UU., Donald Trump, el Departamento de Seguridad Interna y otros altos funcionarios del Gobierno estadounidense, y solicita por un lado, que las cláusulas clave de la orden ejecutiva sean declaradas ilegales e inconstitucionales, y por otro lado, pide a la corte que le conceda una audiencia en las próximas dos semanas.
Nadie está encima de la ley, ni siquiera el presidente [de EE.UU.]”, afirmó el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson.
El nuevo inquilino de la Casa Blanca firmó el viernes un decreto que suspende la acogida de refugiados musulmanes durante 120 días, así como el ingreso por 90 días de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
El fiscal general argumenta que la prohibición de viaje, que ha ocasionado masivas protestas en todo el país y el extranjero, está separando y perjudicando familias, y “socavando el interés soberano de Washington de seguir recibiendo inmigrantes y refugiados”.
Cabe destacar que muchas grandes compañías en este estado fronterizo con Canadá, como Amazon y Expedia, se unieron para poner la referida demanda y advierten de cómo la orden presidencial estaba perjudicando sus operaciones y a sus empleados.
“Hasta que el Congreso ponga este gobierno en la raya por sus evidentes faltas morales y legales que han impedido que personas inocentes y respetuosas de la ley entren al país, le toca a cada estado proteger y promover los derechos de la gente que reside en las fronteras”, declaró el gobernador de Washington, Jay Inslee, quien acompañó a Ferguson en la conferencia de prensa.
El pasado sábado, entre el revuelo levantado por la aplicación de las medidas restrictivas de emigración en los aeropuertos del país, la juez federal de Nueva York, Ann Donnelly, bloqueó parte del mencionado decreto ejecutivo, impidiendo así deportaciones de refugiados y otros viajeros que habían comenzado su viaje desde sus países de origen a EE.UU., cuando Trump firmaba la orden que prohibía su entrada.
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