El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el viernes un decreto que suspende la acogida de refugiados musulmanes durante 120 días, así como el ingreso por 90 días de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
Sin embargo, el sábado, la jueza federal de Nueva York, Ann Donnelly, decidió permitir temporalmente la entrada en el país a pasajeros con sus visados en regla. Por medio de un aplazamiento de emergencia, la orden ejecutiva de Trump quedaba temporalmente bloqueada y por tanto la prohibición a nacionales de los citados siete países musulmanes.
Donelly ordenó a las autoridades no deportar a ningún ciudadano que posea papeles en regla para ingresar a Estados Unidos. Asimismo, solicitó al Gobierno comunicar la lista de todas las personas retenidas en los aeropuertos desde la noche del viernes. Tras la promulgación del decreto de Trump, decenas de pasajeros de los nombrados países fueron arrestados en varios aeropuertos sin que se sepa el número exacto.
Varias organizaciones, como el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR, en inglés) y la Unión estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), interpusieron una demanda judicial contra el decreto. De este modo, Trump acaba de sufrir su primera derrota judicial a una semana de haber llegado a la Casa Blanca.
Desde que asumió el cargo, el 20 de enero del año en curso (2017), el nuevo presidente estadounidense ha venido firmando una serie de órdenes, en cumplimiento con sus promesas electorales, entre ellas la orden del comienzo de la construcción del muro en la frontera con México.
Al respecto cabe añadir que importantes aeropuertos de EE.UU., entre ellos el JFK de Nueva York, fueron escenario de protestas contra dichas detenciones. Las críticas a las decisiones de Trump no se han limitado al territorio estadounidense, sino, incluso gobiernos europeos, tradicionalmente aliados de Washington, se han mostrado terriblemente preocupados ante las posturas del dignatario republicano.
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