La Secretaría Nacional de Comunicación de Ecuador (Secom) emitió un comunicado el lunes, en el que aclara todo lo relacionado con el caso Odebrecht y destaca que el Gobierno siempre ha sido transparente y ha servido a los intereses del país, al tiempo que reitera su disposición para identificar a los responsables.
Sin embargo, sostiene que no aceptará “sin pruebas” las acusaciones de soborno por parte de la compañía brasileña tal como lo señala el Departamento de Justicia estadounidense.
Tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, literalmente 'negocia' su responsabilidad ante la Justicia estadounidense con millonarias multas de por medio", indica el Gobierno ecuatoriano en un comunicado.
"Tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, literalmente 'negocia' su responsabilidad ante la Justicia estadounidense con millonarias multas de por medio", indica el Gobierno en el comunicado.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestó que el Departamento de Justicia "argumenta que funcionarios públicos recibieron coimas en el año 2007 y 2008, precisamente cuando Odebrecht fue expulsada del país (...)".
Tras un acuerdo, Odebrecht retornó en 2010 a Ecuador, donde el "único" contrato vigente que tiene actualmente es la construcción de la segunda fase del metro de Quito por 1538 millones de dólares, según el comunicado.
El Departamento de Justicia estadounidense reveló el pasado miércoles que Odebrecht pagó entre 2007 y 2016 unos 33,5 millones de dólares a funcionarios oficiales de Ecuador y que la firma encontró problemas con la aprobación de proyectos en 2007 y 2008.
El Gobierno de Correa aseveró que no permitirá un comportamiento similar a los Panama Papers, en el cual se hicieron denuncias selectivas y sesgadas para involucrar por motivos políticos a funcionarios del Gabinete.
“Lamentablemente, hay claras similitudes. Por ejemplo, pese a que Odebrecht trabaja en el país desde los años 80 y que en el resto de los casos se analiza un período que va del año 2001 al 2016, para el caso de Ecuador, sólo se analiza el período 2007-2016, coincidente con nuestro Gobierno”, destacó.
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