El empresario de 47 años está en prisión desde hace casi nueve meses y presidió hasta diciembre pasado la constructora que lleva su apellido, además de ser uno de los más encumbrados hombres de negocios involucrados en el escándalo que desvió más de 2000 millones de dólares de la petrolera.
"El Grupo Odebrecht y la empresa, por él controlada, Constructora Norberto Odebrecht, juntamente con otros grandes contratistas brasileños, habrían formado un cartel a través del cual, en arreglos previos, habrían frustrado sistemáticamente las licitaciones de Petrobras para la contratación de grandes obras a partir del año 2006", ha señalado la sentencia del juez Sergio Moro, que tramita la causa, y que fue distribuida a la prensa.
El Grupo Odebrecht y la empresa (...) juntamente con otros grandes contratistas brasileños, habrían formado un cartel a través del cual, en arreglos previos, habrían frustrado sistemáticamente las licitaciones de Petrobras para la contratación de grande obras a partir del año 2006", ha señalado la sentencia del juez Sergio Moro.
El Grupo Odebrecht es un conglomerado empresarial de ingeniería e infraestructura con presencia en 23 países, y hasta antes del escándalo facturaba anualmente decenas de miles de millones de dólares.
La trama revelada por la "Operación Lava Jato" (lavadero de autos) echó luz sobre un esquema en el que grandes constructoras sobornaban a directivos de Petrobras apadrinados por partidos políticos para poder manipular las subastas y cobrar sobreprecios por las obras.
De este modo, fueron detenidos directivos de grandes constructoras como Camargo Correa o Andrade Gutiérrez, el exjefe de gabinete del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) José Dirceu, el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari, y hay decenas de legisladores con cargos vigentes en la mira de la justicia.
Cabe mencionar que desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, en marzo de 2014, la oposición brasileña pretende involucrar a la actual presidenta del país, Dilma Rousseff, y a los miembros del PT en este caso para solicitar su destitución.
Sin embargo, Rousseff niega las acusaciones de su implicación en el caso y denuncia el uso abusivo de las filtraciones como arma política, pues, según la mandataria, se trata de informaciones “apócrifas, selectivas e ilegales”, y se debería investigar rigurosamente el origen de las infiltraciones, “ya que hieren la ley, justicia y verdad”.
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