“Duván Arled Galíndez Nadia, quien figura en el listado de personas reincorporadas de las extintas FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]” fue atacado el sábado por un hombre armado, después de salir de un establecimiento público del barrio Antioquia de Cartagena del Chairá (sureste del municipio de Florencia), ha informado este domingo el comandante de la Policía de Caquetá (suroeste), el coronel Franklin Cruz.
El jefe policial ha indicado que la víctima fue trasladada a un centro hospitalario, donde sucumbió a las heridas de bala en el tórax, el cuello y el rostro. Ha agregado que la Policía y la Fiscalía están realizado “todas las acciones necesarias para esclarecer este hecho y dar lo más pronto posible con el paradero de los responsables para dejarlos a disposición de la justicia”.
En este sentido, la senadora Victoria Sandino, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), ha condenado, a través de Twitter el crimen de Galíndez. “¡Exigimos la implementación integral del Acuerdo de Paz!”, ha escrito.
El primer exguerrillero asesinado en 2021 fue Yolanda Zabala, quien el viernes fue blanco de un ataque de desconocidos en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia (noroeste), conforme denunció el congresista Omar Restrepo.
“Iniciamos el año con la dolorosa noticia del asesinato de la firmante de paz, Yolanda Zabala Mazo y su hermana Reina Zabala Mazo, en Briceño, Antioquia”, lamentó Restrepo.
#URGENTE #ATENCIÓN iniciamos el año con la dolorosa noticia del asesinato de la firmante de paz, Yolanda Zabala Mazo y su hermana Reina Zabala Mazo, en Briceño, Antioquia. Yolanda realizaba su proceso de reincorporación en el ETCR de la Plancha, Anorí. #DuquePareElGenocido pic.twitter.com/9G8YnoGT96
— Omar Restrepo (Voz campesina en el Congreso) (@Omar_FARC) January 1, 2021
Según la agencia de noticias española EFE, hasta el momento, 251 antiguos guerrilleros fueron asesinados desde 2016, año en que el Gobierno y las FARC firmaron el Acuerdo de Paz, pese a que, en julio pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a varias instituciones estatales, como la Fiscalía y la Consejería Presidencial, tomar medidas de protección para los excombatientes.
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