"En 243 municipios existen factores de riesgo por violencia y por factores indicativos de fraude electoral (…) que podrían afectar la realización de campañas con plenas garantías y la transparencia de los resultados", advirtió el viernes la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.
Asimismo, detalló que unos 54 municipios presentan ‘riesgo extremo’, 84 riesgo alto y el resto (112) medio. El departamento Antioquia, en el noroeste del país sudamericano, concentra el mayor número de municipios en riesgos, agregó.
En 243 municipios existen factores de riesgo por violencia y por factores indicativos de fraude electoral (…) que podrían afectar la realización de campañas con plenas garantías y la transparencia de los resultados", advirtió la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios.
Su anuncio se considera una gran advertencia para el Gobierno colombiano y las delegaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que están dialogando en La Habana, capital de Cuba, para firmar un acuerdo de paz final, para luego someterlo a un plebiscito, en una fecha todavía por definir, lo cual ha provocado también el rechazo de la oposición derechista.
Las partes, que negocian desde el año 2012 para acabar con el conflicto armado que azota a Colombia desde hace medio siglo, dieron el jueves un paso hacia delante para realizar el mencionado referéndum, tras alcanzar un acuerdo sobre el mecanismo de elección de los jueces de paz que juzgarán los delitos más graves de los guerrilleros.
"Hay que tener en cuenta que estas no son unas elecciones normales porque no existen antecedentes cercanos de otros plebiscitos", subrayó Barrios en un comunicado, para luego apuntar a varias localidades que podrían experimentar violencia por la presencia de bandas del crimen organizado, entre ellas los Montes de María, la Sierra Nevada de Santa Marta y el norte del Cesar; el Catatumbo, Magdalena Medio, el sur de Bolívar y todo el norte de Antioquia.
La MOE insistió en que para garantizar unas elecciones transparentes y sin perjuicios, la Administración presidida por Juan Manuel Santos tiene que hacer una vigilancia especial y contar con la presencia de observadores internacionales.
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