“Los testimonios recibidos reconocen a unanimidad que las elecciones del 25 de octubre estuvieron manchadas por irregularidades y que varios candidatos fueron beneficiados por sus representantes en los centros de votación”, detalló el informe difundido el domingo por el ministerio de Comunicación de Haití.
Los testimonios recibidos reconocen a unanimidad que las elecciones del 25 de octubre estuvieron manchadas por irregularidades y que varios candidatos fueron beneficiados por sus representantes en los centros de votación”, detalló el informe difundido el domingo por el ministerio de Comunicación.
El texto señala que las denuncias sobre irregularidades muestran claramente que el Consejo Electoral Provisional (CEP) carece del crédito necesario para seguir el proceso sin peligro de hundir al país en una crisis aun más grave.
Asimismo recomienda que los funcionarios vinculados a las irregularidades reportadas durante la primera vuelta de las votaciones renuncien y sean llevados ante la justicia, y que el CEP tome medidas para garantizar la transparencia en la segunda ronda, que se celebrará el próximo 17 de enero.
En este contexto añade que los dos candidatos que pasaron a la segunda ronda suscriban un pacto para “moralizar el proceso electoral” y convocar a sus seguidores a evitar cualquier tentativa de fraude.
También pide que el presidente de Haití, Michel Martelly, realice un diálogo con todos los actores políticos para buscar un consenso a fin de solucionar la crisis y así la segunda vuelta electoral se realice sin problemas.
En la segunda vuelta, deben enfrentarse el candidato del oficialista Partido Tet Kalé, Jovenel Moise; y Jude Celestin, de la opositora Liga Alternativa por el Progreso y Emancipación Haitiana.
Según el cuestionado informe oficial del CEP sobre los comicios, esas dos figuras fueron las más votadas entre 50 candidatos, pero ninguno logró alcanzar más del 50 por ciento de los votos, por lo que habrá que celebrar un balotaje.
Los ocho principales candidatos electorales opositores, entre ellos Celestin, y las organizaciones contrarias al gobierno, rechazaron aquellos resultados denunciando fraude electoral en manifestaciones, y exigieron una verificación independiente del proceso.
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