Janot aseguró el sábado que no le agradaba acusar a Temer de corrupción, pero que no tenía alternativa debido a los claros indicios de que el mandatario participó en un esquema de sobornos.
"Me gustaría estar lejos de eso, pero tengo que cumplir mi misión", aseguró Janot durante un congreso de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), que se celebra en Sao Paulo.
Temer fue denunciado por corrupción pasiva en base a las confesiones realizadas por directivos del grupo cárnico JBS, que han salpicado también a centenares de políticos de todo el arco partidario. Sin embargo, el mandatario afirma que es inocente y se niega a ceder a los pedidos para que renuncie.
Janot, aseguró que aún había amplias pruebas de corrupción por revelar contra el presidente brasileño, que no fueron incluidas en el documento presentado recientemente. “Si incluía todo, la defensa habría dicho que había aportado toda la evidencia sin darles derecho a defenderse”, explicó Janot.
Si incluía todo, la defensa habría dicho que había aportado toda la evidencia sin darles derecho a defenderse”, explica el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot.
El fiscal general, cuyo mandato finaliza en septiembre, volvió a defender la consistencia de la denuncia, la cual fue considerada por el presidente brasileño como "una pieza de ficción" sin "fundamentos jurídicos".
Janot también se refirió a la puesta en libertad del exdiputado y hombre de confianza de Temer, Rodrigo Rocha Loures, quien hoy salió de la prisión tras una decisión tomada el viernes por el magistrado del Tribunal Supremo Edson Fachin.
La denuncia, firmada por el fiscal general explica que los delitos practicados “poseen un alto grado de reprobación, causan conmoción social, descrédito, además de ser capaces de producir intranquilidad social y descreimiento de la población, víctima inmediata de la práctica delictiva”.
Ahora el Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá si remite la denuncia a la Cámara de Diputados para su aprobación. En caso de que los diputados autoricen la denuncia, la Corte Suprema analizaría el tema en su pleno y, de secundar la decisión de la Cámara baja, el impopular presidente sería suspendido de sus funciones por 180 días.
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