Según el diario Folha de São Paulo, los agentes realizaron un allanamiento al edificio donde reside el exmandatario y le informaron de que era objeto de una orden de traslado coercitivo para prestar declaración por el caso de corrupción en Petrobras, en el que se le acusa de estar involucrado.
La Policía Federal ha indicado que hay pruebas de que Lula se benefició de la trama de sobornos en Petrobras mediante reformas en residencias vacacionales. Igualmente ha indicado que hay pruebas de delitos en la financiación de las campañas y los gastos del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y la actual presidenta, Dilma Rousseff.
Fuentes oficiales han informado de que los agentes federales también registraron la casa de uno de sus hijos, que está bajo sospecha de haber incurrido en algunas prácticas corruptas junto a su padre, y otras residencias que figuran a nombre de otras personas allegadas al exmandatario, pero cuyas propiedades se le atribuyen a Lula.
La orden fue dada por el juez federal, Sergio Moro, que está a cargo del caso, y en la operación participaron unos 200 agentes federales y 30 auditores de Hacienda.
Las autoridades judiciales que investigan a Lula por sospechas de “ocultación de patrimonio” y “lavado de dinero” han manifestado que hoy mismo ofrecerán detalles sobre la operación en torno al expresidente y su familia en una rueda de prensa.
El día jueves fue difundida la declaración de un delator del caso Petrobras, el cual asegura que el exmandatario “ordenó” sobornar a algunos de los detenidos a cambio de su silencio y de que no colaborasen con la justicia.
Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, en marzo de 2014, la oposición brasileña pretende involucrar a la presidenta Dilma Rousseff y a los miembros del PT en este caso para solicitar su destitución.
Sin embargo, Rousseff niega las acusaciones de su implicación en el caso, y denuncia el uso abusivo de las filtraciones como arma política, ya que según la mandataria, se trata de informaciones “apócrifas, selectivas e ilegales”, y se debería investigar rigurosamente el origen de las infiltraciones, “ya que hieren la ley, justicia y verdad”.
Este escándalo generó graves problemas a la empresa para captar fondos en los mercados internacionales, lo que provocó la pérdida del 58 % del valor de mercado en los últimos meses, razón por la cual la petrolera redujo al mínimo sus inversiones para los próximos años.
En un artículo, el exministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Amaral, advirtió sobre la clara intención que existe en el país de destruir, a cualquier precio, al último líder popular para que su prestigio decline y se aparte de las elecciones del 2018, como candidato o como elector influyente, señaló Amaral.
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