En una declaración, publicada el viernes, el MAS asegura que su fundador, el exmandatario boliviano Morales (2005-2019), es objeto de una “arremetida promovida por un grupo de poder ilegítimo manchado con la sangre de nuestros hermanos indígenas asesinados por reclamar democracia y justicia social”.
Mediante esas acusaciones, prosigue la nota, la “casta política” limeña pretende cambiar el foco de atención y distraer a la opinión pública de Bolivia y Perú, para que los crímenes de lesa humanidad contra la población queden en la impunidad.
El MAS también rechaza las muestras de mentalidad colonial que en pleno Siglo XXI tratan de estigmatizar al movimiento popular indígena para continuar con el saqueo de los recursos naturales y la represión a los movimientos sociales.
El movimiento político boliviano hizo este pronunciamiento luego de que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunciara que revisaría el ingreso de Morales al país, por lo que consideró su permanente injerencia en los asuntos internos.
El viernes, el Gobierno de Perú, sin indicar los motivos ni nombrar un reemplazo, resolvió dar por terminadas las funciones de Carina Ruth Palacios como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Perú en Bolivia.
Boluarte sustituyó al presidente Pedro Castillo, quien fue destituido el 7 de diciembre por el Congreso, por ordenar el cierre del órgano legislativo. Tras la caída del mandatario peruano, se desataron violentas protestas en el centro y sur del país que dejaron 28 muertos civiles y otros 200 heridos.
Morales, que desde un principio saludó la elección de Castillo como presidente de Perú, en relación a las acusaciones en su contra escribió en Twitter: “Damos la otra mejilla ante los ataques políticos de la derecha peruana. Pero por favor, paren las masacres, detenciones ilegales, persecusión y terruqueo contra nuestros hermanos indígenas. No habrá paz sin justicia social. El Perú profundo demanda una transformación de fondo”, remarcó.
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