Los congregados delante del Parlamento local, en Perth, capital del estado de Australia Occidental, han criticado la decisión del Gobierno de cerrar las comunidades aborígenes, al grito de consignas como “salvar a las comunidades, cerrar la brecha”.
El primer ministro australiano, el conservador Tony Abbott, expresó el 11 de marzo su respaldo a un plan en el estado de Australia Occidental para cerrar unas 150 de las 274 comunidades nativas y reubicar a unos 1000 aborígenes.
Abbott, en un principio, justificó su medida diciendo que no se puede "subsidiar para siempre las opciones de estilo de vida", pero en declaraciones posteriores, explicó que se refería al impacto práctico de habitar en comunidades nativas respecto al acceso a las escuelas, trabajos y servicios públicos.
El jefe de los derechos indígenas de Amnistía Internacional (AL), Tammy Solenec, quien habló ante los indignados, ha indicado: “todos sabemos que vivir en zonas remotas no es una opción de estilo de vida” pues las comunidades aborígenes tienen una profunda conexión espiritual con esta tierra.
Asimismo refiriéndose a la ley denominada Título Nativo ha afirmado que ellos “deben demostrar una conexión continua a la tierra para probar su título” y ha añadido que “si son obligados a abandonar su patria, será mucho más difícil conseguir el título nativo”.
El pasado viernes también miles de personas celebraron una marcha en Melbourne (sudeste) contra el cierre de de las comunidades indígenas.
AL ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas y políticas "discriminatorias y racistas" adoptadas por el Gobierno de Canberra hacia las comunidades indígenas.
De 22 millones de habitantes australianos, unos 500.000 son indígenas, sin embargo, son considerados la clase marginada que sufre la mayor tasa de desempleo, enfermedad y mortalidad infantil.
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