El exjefe del servicio de inteligencia del régimen israelí (el Mossad), Tamir Pardo, advirtió que “Israel llegó a una situación muy peligrosa” y “sin precedente” con respecto a “la segregación interna” que se dio debido al plan de la derecha en el gabinete del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu para debilitar el sistema judicial.
Israel está ante el mayor peligro existencial desde 1948
“Tengo 70 años. Nunca me había imaginado que llegaríamos a este punto. Aquí estamos ante el mayor peligro existencial desde 1948”, subrayó esta semana en una entrevista en el Canal 12 de Israel.
Pardo reiteró que “los enemigos están sentados en los muros, y que los iraníes aún no han lanzado una bomba nuclear, y para demoler Israel y desmantelar sus primeros elementos, no hay necesidad de los iraníes, y esto puede ser hecho muy profesional y personalmente”.
Cuando se le preguntó en la entrevista cómo los servicios de Inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán evalúan la situación actual del régimen israelí, admitió que lo que está pasando envía un mensaje de debilidad al mundo.
“Si un país enemigo presenciara lo que estamos presenciando hoy, le habría dicho a mi primer ministro: escuche, no quiero ningún presupuesto para enfrentar a este país hostil, porque decidió activar el dispositivo de autodestrucción. Puede ser tachado de nuestra lista de objetivos, y ya no me interesa, porque es un Estado que está en proceso de desintegración, y no hay necesidad de invertir para enfrentarlo. La inteligencia estadounidense debe presentar una imagen similar de Israel al presidente estadounidense, y no tengo ninguna duda de que esto es lo que están haciendo hoy en Teherán, Beirut, Gaza y en todos los países árabes”, respondió.
Desde hace 10 semanas, el régimen ocupante vive las protestas cada vez más grandes en lo que se dice es la “peor crisis” de Israel desde su creación.
Las protestas se celebran en contra de la reforma judicial del gabinete de Netanyahu; un polémico plan que limitaría la autoridad de los asesores judiciales, y permitiría que una mayoría simple de parlamentarios pueda anular una sentencia del tribunal supremo que implique derogar una ley o una decisión del gabinete.
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