La demanda presentada el jueves por el fiscal Jorge Di Lello indica que el presidente Mauricio Macri autorizó vuelos regulares en el espacio aéreo local que le daban a la “potencia usurpadora” del Reino Unido una “ventaja estratégica” sobre Argentina.
Di Lello pide que se investigue al mandatario y a varios de sus ministros por un “posible menoscabo de la soberanía nacional”, incurrido en negociaciones con el Gobierno británico respecto a las Islas Malvinas, cuya soberanía ostenta el Reino Unido, pero que históricamente reclama el país suramericano.
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La imputación contra Macri y funcionarios de su Gobierno se inició tras una denuncia presentada por la abogada Valeria Laura Carreras, quien indicó unas supuestas “irregularidades advertidas” en el manejo de la relación bilateral entre Argentina y el Reino Unido por parte del Gobierno de Macri, desde que tomó posesión en diciembre de 2015.
La investigación solicitada en contra de Macri se refirió a un “comunicado conjunto” firmado entre el Reino Unido y Argentina en 2016, el cual dejó un decreto que autorizó a la empresa brasileña Latam a explotar servicios regulares en rutas aéreas que comprenden las islas del Atlántico Sur, lo que para Carreras significa “una renuncia a los derechos soberanos del espacio aéreo argentino”.
“Cualquiera sea la forma del instrumento, debería haber pasado por el Congreso para su tratamiento”, expresó Di Lello.
Cualquiera sea la forma del instrumento, debería haber pasado por el Congreso para su tratamiento”, expresó fiscal argentino Jorge Di Lello, en alusión a un concreto suscrito entre Argentina y el Reino Unido en el año 2016.
En este contexto, el fiscal explicó que, tras tales negociaciones entre ambos países, se habrían materializado concursos internacionales sobre áreas de explotación y exploración de recursos naturales nacionales de Argentina, otorgando prioridad a empresas de origen inglés, agregando que por lo tanto realizar una “investigación en torno a la licitud de las adjudicaciones” es necesaria.
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De acuerdo con las declaraciones del fiscal argentino, hay una obligación institucional para que se adopte medidas urgentes para “preservar” al país sudamericano de “posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional”.
Argentina es un país que sufre de una recesión económica, con un 10,6 % de desocupación, un 32 % de pobreza y un 57 % de inflación interanual, lo que se disparó por un plan de ajuste comprometido por Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de un auxilio financiero de 57 000 millones de dólares.
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