• Angelo Calacaterra (izda.), primo del presidente de Argentina, Mauricio Macri.
Publicada: martes, 28 de febrero de 2017 10:18
Actualizada: martes, 28 de febrero de 2017 11:08

La Policía de Brasil obtiene cinco documentos que involucran al primo del presidente argentino en los pagos de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Se trata de cinco correos electrónicos internos de la empresa Iecsa, propiedad de Angelo Calcaterra, primo del mandatario argentino, Mauricio Macri, que fueron difundidos el lunes por el diario brasileño O Estado do São Paulo.

La Policía Federal del gigante suramericano encontró los correos en el backup de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, el ejecutivo de Odebrecht que se desempeñó en Argentina, quien mantenía encuentros con Javier Sánchez Caballero, representante de Iecsa, con el fin de arreglar el pago de sobornos a funcionarios argentinos, según desvelan los documentos hallados.

En unos de los correos aparece la sigla “DGI”, un código que según los ejecutivos arrepentidos involucrados en el caso del escándalo de Lava Jato, se usaba para referirse a pagar sobornos. 

La diputada argentina Margarita Stolbizer, que tiene previsto presentar una denuncia contra Calcaterra, cuestionó que Macri le haya actualizado el presupuesto de esa licitación a Odebrecht y a la empresa de su primo.

 

La Administración de Macri no ha reaccionado por el momento a la información.

La firma brasileña Odebrecht pagó sobornos por más de 35 millones de dólares en Argentina entre 2007 y 2014, según un documento entregado por el Departamento de Justicia de EE.UU. en el marco de la investigación de la trama corrupta de Petrobras, más conocida como Lava Jato.

El pasado diciembre,El Gobierno de Macri es criticado en diferentes ocasiones por favorecer a su familia

El Gobierno argentino formalizó, por decreto, una medida que permite a los parientes de funcionarios y exfuncionarios sumarse al blanqueo de capitales.

En diciembre de 2016, un diputado del opositor FpV denunció penalmente a Macri por presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la Administración Pública y tráfico de influencias, por ejemplo, el uso de aeronaves de la compañía Macair, vinculada a la familia presidencial, sin licitación ni contratación pública conocida, para viajes oficiales.

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