El fiscal federal de Argentina, Juan Pedro Zoni, ha imputado este martes al presidente de Argentina, Mauricio Macri, y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, ante la Justicia del país austral, en el marco del acuerdo alcanzado entre el grupo SOCMA (cabeza del Grupo Macri) por la deuda del Correo Argentino con el Estado argentino: los Macri tuvieron en concesión el Correo desde 1997 hasta 2003 cuando volvió a manos del Estado.
La imputación se basa en el dictamen de una fiscal de la Cámara en lo Comercial (apelaciones), Gabriela Boquín, quien aseguró que el acuerdo con el poderoso Grupo Macri es “ruinoso, abusivo, inadmisible y (...) es equiparable a una condonación del 98 % de la deuda del periódico”.
Zoni ha iniciado una investigación para “corroborar la existencia de conductas delictivas” en relación con el mencionado acuerdo por la deuda del Correo Argentino, según el comunicado difundido a la prensa argentina.
El Gobierno de Macri reclamó más temprano a la Justicia argentina que tomase el caso de forma “urgente”, aduciendo que no hay delito alguno. Al mismo tiempo la Casa Rosada (sede presidencial) negó que existiese conflicto de intereses como sostiene una ola de denuncias políticas por supuesta corrupción.
La trama se destapó hace una semana cuando la fiscal Boquín reveló la existencia de un desconocido acuerdo firmado en junio de 2016 por la deuda del Correo Argentino: la deuda se aproxima a unos 300 millones de pesos (la misma cantidad en dólares).
El pacto, según la fiscal, omite actualizar el monto deudor pese a que la inflación desde entonces fue del 700 %. La cantidad a pagar se haría en cuotas al 7 % anual de interés hasta 2033, un porcentaje muy por debajo de lo que cobra cualquier banco argentino.
Boquín sostiene que hubo “manifiesta mala fe”, porque el Grupo Macri se presentó antes en la Justicia para cobrarle al Estado una deuda por el equivalente a 150 millones de dólares, y en este concepto, pidió un interés del 11 %.
No es la primera vez que el jefe de Estado argentino favorece a su familia. En diciembre del 2016, un diputado del opositor Frente para la Victoria (FpV) denunció penalmente a Macri por presunta asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra la Administración Pública y tráfico de influencias, por ejemplo, el uso de aeronaves de la compañía Macair, vinculada a la familia presidencial, sin licitación ni contratación pública conocida, para viajes oficiales.
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